Trabajar por derechos…

Feb 16th, 2015 | Por | Categoria: Portada

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) supuso uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente. A partir de la misma, el concepto de derecho humano se universalizó y legitimó como instrumento jurídico, introduciendo una comprensión del ser humano en la que no se puede concebir a la persona sin sus derechos.

De este modo, nadie puede desposeer a una persona de sus derechos (ni una persona, ni el Estado ni otra organización o ente, puede “anular”, “arrebatar” o “negociar” los derechos a ninguna persona); al tiempo que todas las personas cuentan con sus derechos por el mero hecho de serlo, independientemente de su nacionalidad, sexo, lengua, religión, capacidades, situación económica, etc. Por todo ello, cualquier persona, Estado, organización o ente que amenace, ataque y/o vulnere cualquiera de esos derechos está cometiendo un acto injusto, que puede llegar a ser incluso penado por la ley.

Como consecuencia de este reconocimiento de los derechos que asisten a todas las personas sin excepción, los Estados pasaron a tener la condición de garantes de esos mismos derechos. Es decir, mientras que las personas son sujetos de derechos, los Estados tienen el deber de garantizar el respeto y disfrute efectivo de sus derechos a la población a la que destinan su intervención pública. La irrupción de los derechos en el espacio de las políticas públicas constituye un hecho de trascendencia fundamental, pues conlleva una redefinición de las reglas de juego que se rigen la relación entre los Estados y la ciudadanía, convirtiéndola en una relación entre garante de derechos (Estados) y sujetos de derechos (personas).

Se trata de una relación esencialmente asimétrica, pues basta la voluntad de la ciudadana o ciudadano para que el Estado tenga la obligación de atender su demanda, por lo que se trata de una prestación que no requiere para ser obtenida el consentimiento voluntario de quien la ofrece, ya sea directamente el Estado o cualquier entidad en la que delegue su responsabilidad. Son los poderes públicos los que deben respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía.

fundacion picarral zaragoza

En el cumplimiento de este deber, las Administraciones Públicas no pueden obviar la diversidad existente entre la población. Así, por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, no basta con que haya instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente (disponibilidad), ni con que no haya ningún tipo de discriminación en el acceso a dichas instituciones y programas (accesibilidad), ni con que la forma y el fondo de los programas de estudio y los métodos pedagógicos sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad (aceptabilidad). A todo ello, además, hay que sumar el que esa educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a necesidades sociales en constante transformación y responder, al mismo tiempo, a las necesidades y variadas particularidades del alumnado en función de sus contextos culturales y sociales, capacidades… (adaptabilidad).

La Fundación Picarral tiene como misión desarrollar una labor formativa y educativa de calidad que favorezca la inserción sociolaboral de personas –especialmente jóvenes–que, por diferentes razones, han quedado fuera de un proceso regular de integración social. En este sentido, nuestro trabajo cotidiano ha estado dirigido siempre y en todo momento a intentar hacer que la ciudadanía de Zaragoza cuente con recursos que ayuden al ejercicio de sus derechos, tratando de intervenir sobre situaciones injustas y conseguir que las diferencias no se conviertan en desigualdades.

Para el desempeño de esta misión, la Fundación Picarral ha seguido una estrategia de cooperación con multitud de entidades e instituciones, estableciendo colaboraciones de distinta índole con las Administraciones Públicas (responsables de garantizar esos derechos) a fin de proponer y ofrecer cauces y vías que faciliten el disfrute de derechos a la ciudadanía que aporten una mayor adaptabilidad en la intervención pública. Y todo ello, actuando siempre de manera coherente con valores como los de honestidad, respeto, autonomía o transparencia, así como con el férreo compromiso de transformación y responsabilidad social, equidad y solidaridad.

Por consiguiente, la relación entre nuestra entidad y las personas que participan y dan sentido a los proyectos que desarrollamos está orientado por las lógicas propias de la perspectiva de derecho, intentando instalar una relación de ciudadanía. Esto es más evidente si tenemos en cuenta nuestra opción de dedicación exclusivamente a aquellos que lo necesitan, lo que nos mueve a dirigir nuestra atención a personas que se encuentran en situaciones injustas y a reclamar a las instituciones competentes su intervención en tanto que garantes de esos derechos.

Implantar una política pública que consolide al Estado como garante de derechos excede, con mucho, la capacidad de intervención de la Fundación Picarral. No obstante, las acciones que desde nuestra entidad podemos desarrollar pretenden avanzar en esa dirección, intentando evitar la introducción de lógicas ajenas en esta intervención pública, tales como las de la competencia o las del mercado. Al fin y al cabo, trabajamos por derechos

Daniel García Goncet
Fundación Picarral

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